Ahora, encontré esta nota de Opinión en el Diario Los Andes y creo que en ella se cruzan las propuestas que menciono.
El Lic. Gispert analiza, clara, crítica y concisamente, la difícil situación de Mendoza, tanto en lo institucional, como en lo político y económico. También destaca que las entidades empresarias que reúnen a las pymes mendocinas no han sabido enfrentar orgánicamente las distintas alternativas negativas que se han venido dando desde hace tiempo, y que se acentuaron en los últimos años.
Y acá se encuentran los dos temas que menciono arriba: las crisis no se refieren solo a situaciones macro, que deben resolverse en estructuras internacionales o en el ámbito del Gobierno nacional, sino también a lo sectorial.
Esa autoridad mundial también se construye de abajo hacia arriba y si las pymes mendocinas logran los consensos necesarios para definir una agenda de su sector, es mucho más probable que sus iniciativas, propuestas y reclamos sean tenidos en cuenta.
EN DEFINITIVA, LA POLÍTICA SUPONE DESARROLLAR EL PODER NECESARIO PARA CONSEGUIR LOS OBJETIVOS QUE EL PROYECTO QUIERE LOGRAR.
PARA QUE LA SOCIEDAD EN SU CONJUNTO TENGA UNA VIDA MEJOR Y MÁS DIGNA NECESITAMOS QUE HAYA UN PROYECTO POLÍTICO QUE QUIERA QUE ESO SE DÉ Y QUE TENGA EL PODER SUFICIENTE PARA CONSEGUIRLO.
ESTO NO DEPENDE SOLO DE LOS GOBIERNOS, YA SEAN NACIONALES, PROVINCIALES O MUNICIPALES, SINO DE LA MISMA SOCIEDAD Y DE SU CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN Y LUCHA (EN EL MEJOR SENTIDO) EN FUNCIÓN DE SUS INTERESES LEGÍTIMOS Y VIRTUOSOS.
ESO TIENEN QUE ENTENDER LAS PYMES DE MENDOZA EN ESTE CASO. SI NO LO HACEN –COMO VIENE OCURRIENDO- ES MUY DIFÍCIL QUE NUESTRA PROVINCIA VUELVA A SER UN BUEN LUGAR PARA QUE VIVAN LA MAYORÍA DE LOS/LAS MENDOCINOS/AS.
La cruda realidad se impone. Mendoza, con un Estado sobre-endeudado, pasó de representar el 3.8% al 2.8% del PBI. Llegó la hora que las pymes de Mendoza construyamos nuestra propia agenda, que se articula con los intereses de la mayoría de los mendocinos.
Históricamente la Argentina se debate entre dos modelos de desarrollo y esto suscita una profunda discusión en el empresariado nacional, constituyendo una verdadera “grieta”. Siempre se planteó la necesidad de contar con “reglas de juego claras”, pero sin acuerdo sobre cuáles debían ser. Definir un modelo de desarrollo significa abordar la discusión sobre el tipo de cambio, la función del Estado, la función de la banca y la tasa de interés, el poder adquisitivo de los salarios, el nivel de ocupación, entre otros debates.
Las grandes empresas, representadas en las instituciones del G-6, con intereses en el mercado externo y las finanzas internacionales como los bancos, la gran industria y los grandes agroexportadores (3% de las empresas argentinas) tienen claridad sobre el modelo productivo que pretenden: Dólar alto, “sueldos competitivos” (bajos), mínima tributación, liberalización del mercado de capitales y un Estado mínimo.
Con una intensa actividad política y de lobby, el establishment impuso políticas públicas regresivas como fueron la quita de retenciones, y de subsidios, liberalización de importaciones, mega-devaluaciones, salida del “cepo” vía Lebacs y un fenomenal proceso de valorización financiera.
Del otro lado, están las empresas vinculadas al mercado interno como el comercio, la industria, pequeños productores, en síntesis, la mayoría de las pymes del país (97% del empresariado nacional y responsables del 70% del empleo). Pero ya sea por su nivel de atomización empresaria y gremial o por falta de conciencia histórica, no cuentan con el mismo nivel de organización ni de definición sobre el modelo productivo y terminan siendo conducidos políticamente por las grandes entidades mencionadas en el párrafo anterior.
El sector vinculado al mercado interno, necesita de sueldos con alto poder adquisitivo para tener un mercado pujante, tasas de interés bajas para invertir, una banca pública que apalanque su crecimiento y un Estado que acompañe el desarrollo integral de todos los sectores con valor agregado y que ayude a abrir mercados para la exportación.
Pensar el desarrollo de la Argentina en toda su potencialidad requiere integrar a ambos sectores a un plan de desarrollo nacional.
Mendoza no es ajena a este debate nacional. La falta de acuerdos mínimos respecto de qué matriz productiva queremos, ha profundizado el estancamiento en la que se encuentra sumida desde hace ya mucho tiempo.
Mientras el G6 imponía su agenda en la política económica nacional de los últimos años destruyendo el tejido pyme del interior, las entidades empresarias que representan a las pymes de Mendoza no estuvimos a la altura de las circunstancias. No nos expresamos de forma firme sobre las tasas de interés al 120%, sobre un endeudamiento externo que financió la transferencia de riqueza al exterior, sobre mega devaluaciones que destruyeron el mercado interno, sobre los beneficios fiscales a los grandes agroexportadores y ninguno para los productores del interior. A pesar de dichos silencios y en contradicción de sus propios intereses, semanas atrás, 33 entidades empresarias de la provincia suscribieron en conjunto un documento que era una réplica de la posición del G6 sobre la intervención de Vicentin. Desde el punto de vista del G6 es totalmente entendible, Vicentin es parte de ellos; las pymes mendocinas no.
Otra manifestación mendocina de la debilidad institucional de las pequeñas y medianas empresas, es el caso de Portezuelo del Viento. Es probable que la “obra del siglo” se construya, pero con una participación ínfima o muy minoritaria de nuestras pymes.
En Mendoza, donde deberíamos profundizar el debate sobre la ampliación de la matriz productiva para salir de una crisis histórica, se impone el desopilante e inconstitucional debate sobre el Mendoexit promovido por nada menos que nuestro ex-gobernador. Por el contrario, muchos de nosotros pensamos que deberíamos estar discutiendo cómo nos integramos mejor al país, ya que hace décadas que Mendoza viene decreciendo en comparación con nuestras provincias vecinas y el país en general.
La cruda realidad se impone. Mendoza, con un Estado sobre-endeudado, pasó de representar el 3.8% al 2.8% del PBI. Llegó la hora que las pymes de Mendoza construyamos nuestra propia agenda, que se articula con los intereses de la mayoría de los mendocinos. Profundicemos el debate en términos de desarrollo, y rápidamente pasemos a la acción.
* Licenciado en Ciencia Política y Administración Pública. Miembro FEM_y AEM.
El Dr. Humberto Podetti me hizo llegar este importante documento. Desde hace bastante estamos viendo como los Gobiernos –tanto de países centrales como de periféricos-, avanzan en sentido contrario de los intereses de la humanidad.
Extraigo una cita del documento que comparto:
“Nos preguntamos si luego de esta crisis… ¿Seguirá la economía del trabajo esclavo, semi esclavo, indigno, infantil? ¿La exclusión de la sociedad de millones de personas? ¿Seguirá la depredación de la naturaleza? ¿La contaminación del agua, la tierra, el aire? ¿Seguirá destruyéndose la vida en todas sus formas? ¿Seguirá la economía global, regional y nacional en la que las grandes empresas y las grandes naciones imponen las condiciones del comercio, las más de las veces con cláusulas abusivas?”
De la respuesta a estos interrogantes depende nuestro futuro –no tan lejano- y tal vez la supervivencia de la raza humana.
Por eso, aunque parezca utópica, la propuesta de Francisco es crucial, y esta circunstancia límite de la pandemia es una oportunidad para echar a rodar una bola de nieve que siga creciendo, aunque lleve años lograr masa crítica.
No es nuevo el reclamo de la Iglesia católica sobre la necesidad de una autoridad política universal con el objetivo de lograr “el bien común de todos los pueblos” (Pacem in terris, 1963), pero la gravedad de la crisis mundial en sus diversos aspectos hace imperioso redoblar esfuerzos para que haya una oportunidad mejor de vida para la sociedad.
Me parece un documento de lectura necesaria, y de reflexión profunda, y, mucho más, de inicio de acciones para que se logren avances en ese sentido.
DECLARO QUE ESE ES MI COMPROMISO, Y LES PIDO QUE SEA EL DE USTEDES TAMBIÉN.
Reflexión de la Comisión Nacional de Justicia y Paz en relación al Magisterio de la Iglesia acerca de la necesidad de constituir una autoridad política universal
Julio 2020
“…paragobernarla economía mundial, para sanear las economías afectadas por la crisis, para prevenir su empeoramiento y mayores desequilibrios consiguientes, para lograr un oportuno desarme integral, la seguridad alimenticia y la paz, para garantizar la salvaguardia del ambiente y regular los flujos migratorios, urge la presencia de una verdadera Autoridad política mundial.” (Francisco, Laudato Si´, 175)
1. Situación de la humanidad y la naturaleza
La grave pandemia que vive el mundo se prolongará hasta que se descubran la vacuna para evitar nuevos contagios y las medicinas para curar a los enfermos. Aún luego subsistirá el riesgo de una nueva pandemia por las mutaciones del virus o la aparición de nuevos virus, de acuerdo a la OMS.
Simultáneamente el planeta afronta situaciones que “provocan el gemido de la hermana tierra, que se une al gemido de los abandonados del mundo, con un clamor que nos reclama otro rumbo” y se manifiesta con signos concretos, amenazantes, como el crecimiento global del hambre y la pobreza, en este momento agravada por el aislamiento preventivo; la inequitativa distribución que deja afuera a la mayoría, cada vez más lejos del bienestar de una minoría feliz (EG, 56); el maltrato y las laceraciones a nuestra casa común, las mayores de los últimos dos siglos; en el despliegue de una ideología dominante e individualista que se repliega sobre sí misma negando el valor de todo lo que no responda a sus intereses; de nuevas formas de poder derivadas de un paradigma tecno económico que terminarán arrasando no solo con la política sino también con la libertad y la justicia (LS, 53).
Gracias a Dios no todo es oscuridad y hay luces que anuncian la posibilidad de un amanecer. En muchas partes renace la naturaleza ante la forzada reducción de actividades impuesta por la pandemia; se multiplican muestras de solidaridad y creatividad ante situaciones hasta el momento desconocidas; toma fuerza el coraje en tantas personas que no dan vuelta la cara ante las adversidades y se comprometen en el cuidado de enfermos y con la preservación de la vida, aún con peligro de la propia.
Nos preguntamos si luego de esta crisis… ¿Seguirá la economía del trabajo esclavo, semi esclavo, indigno, infantil? ¿La exclusión de la sociedad de millones de personas? ¿Seguirá la depredación de la naturaleza? ¿La contaminación del agua, la tierra, el aire? ¿Seguirá destruyéndose la vida en todas sus formas? ¿Seguirá la economía global, regional y nacional en la que las grandes empresas y las grandes naciones imponen las condiciones del comercio, las más de las veces con cláusulas abusivas?
El futuro nos exige nuevas respuestas. Otro mundo es posible si estamos dispuestos a retomar el camino de un humanismo basado en la fraternidad y la solidaridad. Por cierto, serán necesarios muchos cambios que no lograrán las personas y los países cada uno por su lado. No será posible sin una globalización de la solidaridad, acuerdos firmes y organismos mundiales con capacidad de aplicarlas.
2. La respuesta: el año Laudato Si’ 2020/2021 y el decenio de Jubileo universal 2021/2031
El Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral ha respondido al desafío convocando a todos los habitantes del planeta a crear un “nuevo paradigma de un mundo más solidario, fraterno, pacífico y sostenible” (DSDHI, Laudato si’ Año Aniversario Especial 2020-2021). Y nos ha recordado a todos que “esta crisis es una oportunidad única para transformar la destrucción que nos rodea en una nueva forma de vivir”.
La Iglesia nos invita a vivir este año y el decenio 2021/2031 “una experiencia de verdadero Kairós que se traducirá en un tiempo de ‘Jubileo’ para la Tierra, para la humanidad y para todas las criaturas de Dios”.
En 2021 serán invitadas un cierto número de instituciones a comenzar un camino de siete años de ecología integral. En 2022 se invitará a un nuevo grupo del doble del anterior. Cada año del nuevo decenio se creará una nueva red Laudato Si’ que crezca exponencialmente. De ese modo se espera “llegar a la ‘masa crítica´ necesaria para la transformación radical de la sociedad invocada por el Papa Francisco en Laudato Si’”.
El Programa destaca que “la urgencia de la situación requiere respuestas inmediatas, holísticas y unificadas en todos los niveles: local, regional, nacional e internacional”.
3. La urgente necesidad de crear una Autoridad Política Mundial
Una de esas respuestas en el nivel internacional es la constitución de una Autoridad política mundial (LS, 175). El reclamo de Francisco recoge una petición en la que nuestra Iglesia insiste desde hace casi sesenta años.
Ya en 1963, en una situación del planeta y de la humanidad menos grave que la de nuestros días, San Juan XXIII pidió al mundo que “como el bien común de todos los pueblos plantea problemas que afectan a todas las naciones, y como semejantes problemas solamente puede afrontarlos una autoridad pública cuyo poder, estructura y medios sean suficientemente amplios y cuyo radio de acción tenga un alcance mundial, resulta, en consecuencia, que, por imposición del mismo orden moral, es preciso constituir una autoridad pública general” (Pacem in terris, 137).
Dos años después, el Concilio Vaticano II insistió en la necesidad del “establecimiento de una autoridad pública universal reconocida por todos, con poder eficaz para garantizar la seguridad, el cumplimiento de la justicia y el respeto de los derechos” (Constitución Gaudium et spes, 82).
San Pablo VI en 1967, reiteró el reclamo en Populorum progressio, recordando el discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, en el que les preguntó a los jefes de estado y gobiernos del mundo: “Vuestra vocación es la de hacer fraternizar no solamente a algunos pueblos, sino a todos los pueblos… ¿Quién no ve la necesidad de llegar así progresivamente a instaurar una autoridad mundial que pueda actuar eficazmente en el terreno jurídico y en el de la política?” (Populorum progressio, 78).
San Juan Pablo II en 2003 sumó su voz a la de sus predecesores: “Ante un mundo que se hacía cada vez más interdependiente y global, el Papa Juan XXIII sugirió que el concepto de bien común debía formularse con una perspectiva mundial. Para ser correcto, debía referirse al concepto de «bien común universal». Una de las consecuencias de esta evolución era la exigencia evidente de que hubiera una autoridad pública a nivel internacional, que pudiese disponer de capacidad efectiva para promover este bien común universal. Esta autoridad, añadía enseguida el Papa, no debería instituirse mediante la coacción, sino sólo a través del consenso de las naciones. Debería tratarse de un organismo que tuviese como «objetivo fundamental el reconocimiento, el respeto, la tutela y la promoción de los derechos de la persona” (XXXVI Jornada Mundial de la Paz, 5).
En 2005, el entonces Consejo Pontificio de Justicia y Paz, hoy incorporado al DSDHI, publicó el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, en el que se recogió la petición inicial de San Juan XXII, el Concilio Vaticano II y San Pablo VI: “La solicitud por lograr una ordenada y pacífica convivencia de la familia humana impulsa al Magisterio a destacar la exigencia de instituir ‘una autoridad pública universal’ reconocida por todos, con poder eficaz para garantizar la seguridad, el cumplimiento de la justicia y el respeto de los derechos. En el curso de la historia, no obstante, los cambios de perspectiva de diversas épocas, se ha advertido constantemente la necesidad de una autoridad semejante para responder a los problemas de dimensión mundial que presenta la búsqueda del bien común” (Compendio DS, 441).
Benedicto XVI sostuvo con fuerza la necesidad en 2009: “urge la presencia de una verdadera Autoridad política mundial” (Caritas in veritate, 67). Y Francisco la retomó en Laudato Si’, señalando, hace ya cinco años, la misma urgencia que reclamaba su predecesor, respondiendo al clamor de la naturaleza y al clamor de los pobres ante un mundo gobernado por el paradigma tecnocrático.
4. El valor de las organizaciones internacionales
En el proceso de formación de la Autoridad política mundial, la DSI ha destacado el significativo papel cumplido por las organizaciones internacionales. En el párrafo 440 señala: “La Iglesia favorece el camino hacia una auténtica «comunidad» internacional, que ha asumido una dirección precisa mediante la institución de la Organización de las Naciones Unidas en 1945. Esta organización «ha contribuido a promover notablemente el respeto de la dignidad humana, la libertad de los pueblos y la exigencia del desarrollo, preparando el terreno cultural e institucional sobre el cual construir la paz». La doctrina social, en general, considera positivo el papel de las Organizaciones intergubernamentales, en particular de las que actúan en sectores específicos, si bien ha expresado reservas cuando afrontan los problemas de forma incorrecta. El Magisterio recomienda que la acción de los Organismos internacionales responda a las necesidades humanas en la vida social y en los ambientes relevantes para la convivencia pacífica y ordenada de las Naciones y de los pueblos.”
5. Naturaleza y características de la Autoridad política mundial
San Juan XXIII describió la naturaleza y características que debe tener la Autoridad política mundial. “La autoridad general, cuyo poder debe alcanzar vigencia en el mundo entero y poseer medios idóneos para conducir al bien común universal, ha de establecerse con el consentimiento de todas las naciones y no imponerse por la fuerza. La razón de esta necesidad reside en que, debiendo tal autoridad desempeñar eficazmente su función, es menester que sea imparcial para todos, ajena por completo a los partidismos y dirigida al bien común de todos los pueblos. Porque si las grandes potencias impusieran por la fuerza esta autoridad mundial, con razón sería de temer que sirviese al provecho de unas cuantas o estuviese del lado de una nación determinada, y por ello el valor y la eficacia de su actividad quedarían comprometidos” (Pacem in terris, 138).
En el mismo sentido, San Juan Pablo II nos dijo en 1987 que “la humanidad, enfrentada a una etapa nueva y más difícil de su auténtico desarrollo, necesita hoy un grado superior de ordenamiento internacional, al servicio de las sociedades, de las economías y de las culturas del mundo entero” (Sollicitudo rei socialis, 43).
En el Mensaje para la XXXVI Jornada Mundial de la Paz, en 2004, refiriéndose a la propuesta de San Juan XXIII, San Juan Pablo II precisaba que “Es importante evitar tergiversaciones: aquí no se quiere aludir a la constitución de un super estado global. Más bien se piensa subrayar la urgencia de acelerar los procesos ya en acto para responder a la casi universal pregunta sobre modos democráticos en el ejercicio de la autoridad política, sea nacional que internacional, como también a la exigencia de
transparencia y credibilidad a cualquier nivel de la vida pública. Confiando en la bondad presente en el corazón de cada persona, el Papa Juan XXIII quiso valerse de la misma e invitó al mundo entero hacia una visión más noble de la vida pública y del ejercicio de la autoridad pública. Con audacia, animó al mundo a proyectarse más allá del propio estado de desorden actual y a imaginar nuevas formas de orden internacional que estuviesen de acuerdo con la dignidad humana”.
Benedicto XVI precisó otras características: “Esta Autoridad deberá estar regulada por el derecho, atenerse de manera concreta a los principios de subsidiaridad y de solidaridad, estar ordenada a la realización del bien común, comprometerse en la realización de un auténtico desarrollo humano integral inspirado en los valores de la caridad en la verdad. Dicha Autoridad, además, deberá estar reconocida por todos, gozar de poder efectivo para garantizar a cada uno la seguridad, el cumplimiento de la justicia y el respeto de los derechos. Obviamente, debe tener la facultad de hacer respetar sus propias decisiones a las diversas partes, así como las medidas de coordinación adoptadas en los diferentes foros internacionales. En efecto, cuando esto falta, el derecho internacional, no obstante, los grandes progresos alcanzados en los diversos campos, correría el riesgo de estar condicionado por los equilibrios de poder entre los más fuertes. El desarrollo integral de los pueblos y la colaboración internacional exigen el establecimiento de un grado superior de ordenamiento internacional de tipo subsidiario para el gobierno de la globalización, que se lleve a cabo finalmente un orden social conforme al orden moral, así como esa relación entre esfera moral y social, entre política y mundo económico y civil, ya previsto en el Estatuto de las Naciones Unidas” (CV, 67).
Por fin, cerrando de modo conclusivo la pregunta acerca de la naturaleza y característica de la necesaria y urgente Autoridad política mundial, Francisco nos dijo en Laudato Sí: “La misma lógica que dificulta tomar decisiones drásticas para invertir la tendencia al calentamiento global es la que no permite cumplir con el objetivo de erradicar la pobreza. Necesitamos una reacción global más responsable, que implica encarar al mismo tiempo la reducción de la contaminación y el desarrollo de los países y regiones pobres. El siglo XXI, mientras mantiene un sistema de gobernanza propio de épocas pasadas, es escenario de un debilitamiento de poder de los Estados nacionales, sobre todo porque la dimensión económico-financiera, de características transnacionales, tiende a predominar sobre la política. En este contexto, se vuelve indispensable la maduración de instituciones internacionales más fuertes y eficazmente organizadas, con autoridades designadas equitativamente por acuerdo entre los gobiernos nacionales, y dotadas de poder para sancionar”. Para alcanzar esos objetivos “urge la presencia de una verdadera Autoridad política mundial” (LS, 175).
6. ¿Es posible lograr el consenso de las naciones y los pueblos para constituir la Autoridad política mundial?
La pregunta decisiva es si es posible alcanzar el consenso necesario para constituirla. Y, en particular, por qué las grandes potencias prestarían el acuerdo a una Autoridad que las limitaría en el ejercicio de su poder, actualmente sin control alguno.
Es muy probable que los trabajadores de los astilleros de Gdansk, Polonia, se hicieran una pregunta semejante en la Navidad de 1979. Eran unas pocas familias que sólo contaban con su pobreza y su dignidad. Enfrentaban al gobierno de Polonia y a la Unión Soviética. Pero respondieron la pregunta fundando el Sindicato Solidaridad. Diez años después, el pueblo berlinés, sumado al torrente nacido de aquel pequeño charco a orillas del Báltico –como recordaba Lech Walesa en Un camino de esperanza– derribó ladrillo a ladrillo el muro que dividía la antigua capital alemana. Las armas empleadas para derrotar en diez años a uno de los ejércitos más poderosos de la historia humana, fueron simples: convicción moral y entereza espiritual. Como recordaba San Juan Pablo II, en 2004, “el hecho de que los Estados casi en todas las partes del mundo se sientan obligados a respetar la idea de los derechos humanos muestra cómo son eficaces los instrumentos de la convicción moral y de la entereza espiritual. Estas fuerzas fueron decisivas en aquella movilización de las conciencias que originó la revolución no violenta de 1989, acontecimiento que determinó la caída del comunismo europeo” (San Juan Pablo II, Mensaje para la XXXVI Jornada Mundial de la Paz, 6, 2004).
Diez años antes San Juan Pablo II había advertido que aún quedaba mucho camino por recorrer. Era 1995, apenas seis años después de la culminación del proceso de Solidaridad. Los poderes del nuevo mundo unipolar, leyendo al revés la demolición popular del muro de Berlín, afirmaban que había llegado el fin de la historia. San Juan Pablo II advirtió al mundo, en cambio, que el progreso científico y tecnológico ha hecho surgir “una verdadera cultura de muerte…promovida por corrientes culturales, económicas y políticas portadoras de una idea de la sociedad basada en la eficiencia” … que permitía hablar “de una guerra de los poderosos contra los débiles” (Evangelium vitae, 4a, 12).
La consecuencia de esa guerra es el mundo de nuestro tiempo, fundado en el paradigma tecnocrático sumamente poderoso, pero también de altos costos y de graves consecuencias. Expresa el enorme y bien defendido muro que separa a buena parte de la humanidad del derecho a tener y ejercer derechos y a vivir en armonía con la naturaleza. Pero ante la convicción moral y la entereza espiritual encarnada en los pueblos no hay sistema suficientemente fuerte ni muros que no puedan ser demolidos.
La pandemia ha hecho visible a los ojos de toda la humanidad la situación del mundo. Simultáneamente ha hecho resonar en todos los espacios el clamor de la naturaleza y el clamor de los pobres y vulnerables. Y ha erosionado el sistema de poder mundial.
Estamos ante una situación excepcional que ha puesto de manifiesto la irracionalidad del sálvese quien pueda. Esta situación exige proponer que los estados medianos y pequeños alcancen un consenso y juntos exijan la constitución de la Autoridad Política Mundial propuesta por la Iglesia Católica. También que todas las religiones del mundo acompañen la propuesta. Y que los pueblos de todas las naciones del mundo, aún de los grandes estados, se pronuncien por su creación.
Nos preguntamos, como también se preguntaba San Juan Pablo II en el ya citado Mensaje para la XXXVI Jornada Mundial de la Paz: ¿No es éste quizás el tiempo en el que todos deben colaborar en la constitución de una nueva organización de toda la familia humana, para asegurar la paz y la armonía entre los pueblos, y promover juntos su progreso integral?
Dejé de escribir entradas sobre el mundo post pandemia, porque no tenía sentido seguir haciendo elucubraciones sobre un futuro tan difícilmente predecible.
Es cierto que sigo escuchando iluminados que saben todo lo que va a pasar, pero –además de las intenciones que están detrás de las propuestas-, si nos fijamos en cómo se ha ido modificando todo lo que ayer era verdad tajante, no parece serio seguir avanzando en esa dirección. Esta conclusión me hizo que elaborara pocas entradas a partir de eso, ya que resulta muy difícil encontrar temas interesantes y no caer en los excesos reiterativos que padecemos en la actualidad.
Sin embargo, esta nota de Natanson me resultó interesante, no solo por el análisis de la realidad actual que hace –tema siempre opinable-, sino por lo que resalto en el título: el Gobierno debe definir una agenda que le permita aprovechar la importante imagen positiva que ha logrado y que, necesariamente, decaerá si no se instalan temas importantes para la mayoría de la sociedad y que signifiquen avances en la superación de alguno de los déficits que padece Argentina.
Alberto ha mencionado varios de esos temas posibles, y se conoce que se está trabajando en proyectos distintos, pero, cuando hablamos de agenda, hacemos referencia a un plan de acción que se hace conocer, que se comunica bien (un aspecto poco fuerte de este Gobierno más de una vez), pero que, previamente, se ha trabajado con actores y sectores de la sociedad.
La oposición macrista tiene una larga, y lamentable, expertise en la instalación de temas que deterioren la imagen del peronismo. Fue un elemento central de su estrategia para ganar las elecciones del 2015, y se consolidó cuando Macri fue Presidente.
Es lo que ha venido haciendo la oposición desde que asumió el Peronismo: cualquier tema que les ha parecido útil para deslegitimar al Gobierno, se ha transformado en títulos de los medios del tipo de “Cruje el Frente de Todos”. Lo han hecho con la cuarentena y con Vicentín, por citar ejemplos cercanos; han puesto en acción todo su sistema de trolls y bots que sigue en pie, han convocado a marchas y caravanazos, incluso violentos.
Hay que tomar la iniciativa, pero virtuosamente, no para hacer daño, sino para establecer nuevas expectativas positivas en una sociedad que, además, las necesita para salir de la dureza del mundo de la pandemia.
Esa es la agenda que quisiera que el Gobierno hiciera conocer.
QUE SE VEA, SE COMPRENDA, SE COMPARTA, QUE UN PROYECTO MEJOR DE PAÍS SE ESTÁ GESTANDO, Y QUE TODOS/AS TENEMOS UN LUGAR Y UNA MISIÓN EN ÉL.
Más por imperio de las circunstancias que por propia voluntad, el gobierno de Alberto Fernández estuvo condenado desde el comienzo a ser un gobierno monotemático. Asumió en medio de una recesión y a las puertas de una crisis social que solo la expectativa de un cambio político inminente lograba contener, con el desafío de renegociar urgentemente la deuda heredada, y en eso estaba, hablando con los acreedores y tratando de asistir a los sectores más castigados, cuando irrumpió el coronavirus, que lo obligó a concentrarse en el nuevo mundo de cuarentenas, curvas y contagios. El manejo responsable, abierto y empático de la crisis produjo un “efecto estadista” que elevó su imagen a niveles impensados: entre 50 y 60 por ciento de apoyo a la figura del Presidente, entre 60 y 70 por ciento de aprobación al gobierno y un respaldo cerrado, que llegó a rondar el 85 por ciento, a las decisiones sanitarias (1). La cuestión no es entonces si la imagen de Alberto caerá, porque ningún gobierno puede prolongar semejante apoyo ad infinitum, sino qué hacer con ese capital político; en otras palabras, cómo gestionar el descenso.
Un camino posible es buscar nuevos temas de gestión, abrir la agenda de la pos-pandemia. María Esperanza Casullo lo sintetiza con inteligencia: “Alberto tiene que elegir un conflicto antes de que el conflicto lo elija a él” (2). Coincido, pero matizaría el apotegma señalando que tal vez no se trate exactamente de elegir un conflicto sino un tema: el tema puede conllevar, por supuesto, un conflicto, o muchos, pero no necesariamente supone una disputa en lógica amigo-enemigo, o en todo caso no es necesario empezar por ahí (la tesis kirchnerista de que la política es conflicto y que la tarea de un buen líder consiste en seleccionar a sus adversarios es falsa: puede ser conflicto pero también articulación, coordinación y consenso).
Quizás una forma de imaginar esta nueva agenda sea pensarla desde el territorio, una dimensión de la política que a menudo se pasa por alto, y hacerlo en un doble sentido. Por un lado, la evolución de los contagios ha permitido que casi todas las provincias pasaran de una fase a otra del confinamiento hasta recuperar una cierta normalidad, quedando el entramado denso que forman la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano como la zona de mayor peligro. Como señala Julio Burdman (3), esto puede afectar la lógica metropolitana de la política argentina, el hecho de que el destino del país radica básicamente en lo que ocurra en el AMBA, de donde surgieron o donde se consolidaron todos los fenómenos políticos importantes pos-reforma constitucional del 94 (la Alianza, el duhaldismo, el kirchnerismo, el cristinismo, el macrismo y el Frente de Todos).
La combinación entre la centralidad política del AMBA y la crisis sanitaria despierta en el interior sentimientos anti-porteños muy arraigados, cuyo origen puede rastrearse a la conformación misma de Argentina como Estado-nación: basta recorrer los comentarios en los medios y las redes para detectar críticas y burlas a la situación de Buenos Aires, una cierta sensación de que “por fin les tocó a ellos”, y la percepción del AMBA como un gueto malsano donde los superricos (que trajeron el virus de Europa) y los ultrapobres (que viven hacinados y no pueden mantener la distancia social) conviven mal y se contagian.
En este contexto, el gobierno tiene la oportunidad de desplegar políticas nacionales en las provincias que han liberado casi completamente su actividad económica. La buena relación del Presidente con los gobernadores es fundamental para una perspectiva de federalismo que debería también ser revisada: el federalismo entendido no como una invocación vacía ni como un reclamo de descentralización y recursos, que es como muchas veces se percibe en las provincias, sino como la posibilidad de construir un desarrollo más equilibrado (lo que en ocasiones implica centralizar: la educación secundaria, por citar un ejemplo clásico, ofrecía oportunidades más igualitarias cuando estaba bajo control del Estado nacional que después de ser transferida a las provincias). Pero no nos desviemos. Lo que quiero plantear es que la división entre el AMBA y el resto del país está más viva que nunca y que el gobierno puede aprovecharla para avanzar en una agenda extra-metropolitana de gestión.
El segundo aspecto de la reflexión territorial es un espejo del primero. Azuzadas por el pánico, las tres administraciones principales (nacional, bonaerense y porteña) mostraron a lo largo de estos meses niveles de coordinación inéditos, incluso cuando dos de ellas están bajo control político de los herederos de los polos de la grieta: el macrista Horacio Rodríguez Larreta y el kirchnerista Axel Kicillof. Este proceso, inédito desde la autonomización de la Ciudad en los 90, demuestra que la idea de que el virus está produciendo cambios radicales no es un sueño abstracto de filósofos excitados sino algo verificable, bien concreto.
¿Podría ser el origen de una gestión más articulada en el principal conglomerado urbano de Argentina? En un momento difícil, Alberto ha demostrado capacidad para moderar los conflictos y lograr la cooperación de la Ciudad y la Provincia, trascendiendo diferencias abismales de tamaño, nivel socioeconómico, perfil ideológico… El virus anestesió la grieta y engendró lo más parecido a un gobierno de unidad nacional que registra nuestra historia reciente, una modesta Moncloa epidemiológica. Y como la experiencia histórica demuestra que el trabajo conjunto contribuye a desarmar prejuicios, funda lazos de confianza y crea mecanismos burocráticos que perduran, quizás los incipientes avances en materia de coordinación sanitaria y de transporte puedan replicarse en áreas cuya gestión también requiere una estrategia conjunta: educación, medioambiente y, sobre todo, vivienda y seguridad (en este último aspecto la actitud de Sergio Berni resulta, por decirlo de alguna manera, escasamente constructiva).
Volviendo al planteo inicial, la relegitimación popular de la figura de Alberto, un dirigente que llegó a la Presidencia tras una decisión de Cristina y al frente de una coalición amplia y heterogénea, formada a partir de una reacción al macrismo, constituye una oportunidad impensable hace dos o tres meses. Como la mayonesa, el poder vence si no se lo usa; se escurre. Pero hay que usarlo con astucia. La reforma de la Justicia, anunciada antes de la irrupción del virus y retomada ahora, es un proyecto tan importante como limitado en su interés a la superestructura política, puro círculo rojo. El tratamiento de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que también había comenzado a analizarse en marzo, se encuentra suspendido ante el temor a que su aprobación en una sesión semi-presencial habilite una catarata de reclamos judiciales posteriores que pongan en riesgo su implementación.
La intervención de Vicentin, la gran iniciativa del oficialismo en estas semanas, su rescate, por usar las palabras del Presidente, genera efectos profundos, por el tamaño de la empresa, los intereses directamente involucrados y las eventuales consecuencias de que el Estado opere directamente en el complejo mercado de granos. Pero también demostró los riesgos que implica adoptar una decisión de gran calado sin medir cabalmente las consecuencias legales, sin articular una coalición amplia de apoyos sociales y políticos y sin planificar antes una comunicación clara y consistente. La palabra expropiación generó ecos profundos que no solo despiertan el rechazo de los teflones de Recoleta sino de un universo mucho más grande, a punto tal que coincidieron en cuestionar la decisión oficial los legisladores por Córdoba, las entidades del agro (incluyendo a la Federación Agraria), buena parte de los productores a los que supuestamente se pretendía salvar y el lavagnismo, en tanto que se mantuvieron en un silencio sugestivo Sergio Massa, casi todos los gobernadores y el santafesino Omar Perotti, que terminó elaborando un proyecto alternativo.
Bueno, malo o regular, el proyecto de estatización reavivó los espectros de la batalla cultural entre cristinismo y macrismo, una batalla cuyo origen se sitúa también en una iniciativa orientada a intervenir sobre el sector agropecuario y decidida sin consultas previas por funcionarios porteños que conocían poco el tema. Como hojas agitadas por una tormenta, volaron en estos días tópicos como “populismo”, “Venezuela”, “propiedad privada” y “libertad” (y “oligarquía”, “medios concentrados”, “corporaciones”). Felizmente, Alberto decidió desactivar a tiempo el conflicto y aceptar la propuesta más moderada de Perotti, y al hacerlo demostró dos cosas: que la tónica del retroceder nunca/rendirse jamás del kirchnerismo no es la suya, y que, también en contraste con el pasado, su gobierno no está dispuesto a resignar la relación con las provincias del centro y entregar la zona núcleo –los votantes de la soja– al macrismo.
Sucede que, con su indisimulable aire a 125, el caso Vicentin producía una división de la política y la sociedad en mitades, que es justamente lo que terminó llevando al kirchnerismo a la derrota y lo que Alberto debería tratar de evitar: el 48 por ciento obtenido en las elecciones presidenciales no está tan lejos de un hipotético 44, y el 41 del macrismo no está tan distante de un posible 45. Aunque categórico, el triunfo del Frente de Todos fue contingente, un proceso cuya reversión siempre está a la vuelta de la esquina en el contexto de democracias fluidas y hegemonías breves.
Como señala Martín Rodríguez, Alberto es un creador de fotos: la foto de Cristina con Massa y su famoso “cafecito” durante la campaña, así como la foto con Kicillof y Rodríguez Larreta, son ejemplos de esta voluntad del Presidente, que podría recurrir a su destreza de fotógrafo para que otra foto –la que ilustra a Mauricio Macri y Elisa Carrió conversando preocupados por el anti-republicanismo del gobierno– sea la única foto opositora posible. En otras palabras, aislar a los sectores más radicales de Cambiemos, una coalición que no es menos amplia ni menos heterogénea que la oficialista, a partir de temas que trasciendan el apoyo de los votantes naturales del Frente de Todos: la transformación del Ingreso Familiar de Emergencia a una renta básica universal y la construcción de una estructura impositiva más progresiva pueden ser los ejes de una “épica de la reconstrucción” que le permita a Alberto bajar, pero despacito y sin tropezarse.
Esto lo dicen el Presidente y la VicePresidente de la UCR, y esta aceptación reticente da una idea de cuán necesario es que avance esta alternativa destinada a atenuar la enorme –y vergonzante- desigualdad social de la Argentina.
Por eso, me pareció conveniente compartir esta nota porque es un buen planteo para comprender un concepto –a esta altura- indiscutible: no podemos dejar en manos del mercado la supervivencia básica de todos los habitantes de Argentina, sino que cada uno de ellos debe recibir un monto que mes a mes, y garantizado por el Estado, le permita cubrir las necesidades básicas que requiere una vida digna.
NO ES UN REGALO, ES UN DERECHO HUMANO.
El obsceno crecimiento de la desigualdad social y de la riqueza de los grupos económicos concentrados requiere decisiones de este tipo, y la sociedad en su conjunto debería apoyar a los Gobiernos que avanzan en la implementación de estrategias que permitan que vayamos hacia una Argentina más justa y equitativa.
SERÁ JUSTICIA
INGRESO UNIVERSAL Y JUSTICIA FISCAL
Ahora es el momento ideal para dar paso a una reforma progresiva del sistema tributario nacional
Según las últimas proyecciones de la CEPAL, en 2020 la Argentina va a sufrir el mayor aumento de la pobreza de la región, con un incremento del 10,8%, y un aumento de la desigualdad en la distribución del ingreso del 6% o más. En este marco, sería prioritario pensar en una readecuación del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), tomando como ejemplo el antecedente de España, que planteó una prestación social más contundente y con mayor llegada a amplios sectores de la población, así como iniciar un camino sin tropiezos hacia una reforma tributaria progresiva que permita la redistribución de la riqueza y evite que la mayor parte del excedente se dirija hacia guaridas fiscales.
La pandemia expuso los problemas estructurales de la economía argentina, entre ellos, las carencias en el sistema de protección social, la fenomenal concentración de la riqueza que agudiza las desigualdades y el abandono de una enorme masa de excluidos. Urge avanzar en la conformación de un nuevo Estado con garantías plenas del cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales para todos los ciudadanos que tenga su base en una distribución más equitativa de la riqueza.
El 15 de julio la CEPAL publicó un informe especial de Covid-19 (N° 5) que muestra que, en la región, hay amplios estratos de la población muy vulnerables a la pérdida de ingresos laborales. Para la Argentina, prevén una caída del 10,5% del PIB y el mayor aumento de la pobreza de la región para el 2020 (10,8 puntos porcentuales), al mismo tiempo que proyectan un aumento de la brecha de desigualdad en la distribución del ingreso (medida por el GINI) de un 6% o superior. Asimismo, estas nuevas proyecciones muestran que, en la región, las personas de estratos pobres, de ingresos bajos y medio-bajos pasarán de 470 millones en 2019 a 491 millones de personas en 2020, representando un 79,2% de la población total, con ingresos per cápita de hasta tres veces la línea de pobreza.
En los últimos meses, la CEPAL se ha mostrado favorable a un ingreso básico de emergencia equivalente a una línea de pobreza (costo per cápita de adquirir una canasta básica de alimentos y otras necesidades básicas) durante seis meses, para toda la población en situación de pobreza en 2020.
En un informe previo (Informe especial de Covid-19, N° 3), la CEPAL afirma que el alcance de las transferencias directas que están realizando los gobiernos, como el IFE, debe ser permanente, e ir más allá de las personas en situación de pobreza y llegar a amplios estratos de la población muy vulnerables a caer en ella, como los de ingresos bajos no pobres y los medios bajos. Asimismo, sostienen que esto permitiría avanzar hacia un ingreso básico universal que se debe implementar gradualmente en un período definido de acuerdo con la situación de cada país, teniendo en cuenta que la superación de la pandemia tomará su tiempo y las sociedades deberán coexistir con coronavirus, lo que dificultará la reactivación económica y productiva.
En la Argentina, el debate sobre un ingreso ciudadano universal ha adquirido mayor relevancia en las últimas semanas y, recientemente, el Ministro Daniel Arroyo ha afirmado que existe un proyecto en marcha. Parece ser un puntapié fundamental para comenzar a debatir las herramientas disponibles para erradicar la pobreza. Para ello, es importante destacar que el monto de ese ingreso básico universal tiene que ser lo suficientemente elevado como para garantizar el objetivo de terminar con la pobreza y mejorar la distribución del ingreso.
En España, en los últimos días del mes de junio se realizó el primer pago del Ingreso Mínimo Vital, un nuevo derecho ciudadano que asegura una red de seguridad para todxs lxs ciudadanxs. El gobierno español sostuvo que esta medida garantiza que la población cuente con un mínimo de ingresos que le permita vivir dignamente, por lo que no se presenta como una asignación excepcional, sino con carácter definitivo.
El Ingreso Mínimo Vital en España funciona como una prestación no contributiva de la Seguridad Social que garantiza ingresos mínimos a quienes carecen de ellos. Se define como un derecho subjetivo de la ciudadanía, dado que se recibirá siempre que se cumplan los requisitos de acceso, como ocurre con el derecho a la pensión de jubilación o la prestación por desempleo. Garantiza una renta de 462 euros al mes para una persona adulta que viva sola y, cuando se trata de una unidad de convivencia, la cantidad se incrementa en 139 euros al mes por cada persona adicional, adulta o menor, hasta un máximo de 1.015 euros al mes. Además, para las familias monoparentales, se añade un complemento de 100 euros. Cualquier persona con ingresos inferiores a la renta garantizada por el Ingreso Mínimo Vital y un patrimonio menor al máximo establecido, podrá ser beneficiaria de este ingreso.
Asimismo, esta renta es compatible con otros ingresos. Mientras no se supere el umbral establecido, puede otorgarse de forma simultánea con otros ingresos, incluidos los laborales y los obtenidos por lxs trabajadorxs autónomxs; es compatible con otras ayudas sociales, tales como becas o ayudas para el estudio, ayudas por vivienda, ayudas de emergencia y otras similares. No se dirige sólo a personas sin ningún ingreso o a personas desempleadas, sino también a personas y hogares con bajos ingresos.
Covid-19 ha desatado crisis económicas de magnitud inusitada en todo el mundo, ha generado enorme sufrimiento, a la vez que ha dejado en evidencia que existen problemáticas sociales estructurales –ignoradas por cuantioso tiempo— y ha dejado testimonio de que es posible utilizar la emisión monetaria y la inversión pública a requerimiento de los Estados para paliar las crisis.
La Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo aprobada en 2019 por los Estados miembros de la CEPAL en la Tercera Reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe (Ciudad de México, 1° a 3 de octubre de 2019) ofrecía propuestas para avanzar en la garantía universal de un nivel de ingreso básico y evaluar la posibilidad de incorporar gradualmente en los sistemas de protección social de los países una transferencia universal para la infancia y un ingreso básico de ciudadanía. De la misma manera, es importante que los registros de la población destinataria sean lo más amplios y actualizados posible.
Ante las necesidades sociales apremiantes es ahora el momento para plantear estas políticas sociales acompañadas de una reforma tributaria progresiva que permita brindar los recursos necesarios para destinar a estas transferencias. La situación de emergencia nos empuja a focalizar recursos en los sectores vulnerabilizados y gravar con mayores alícuotas a los estratos sociales más elevados y a las grandes empresas.
En este contexto, un informe de la OCDE publicado el 8 de julio muestra las impresionantes deformaciones del sistema impositivo internacional que permiten la elusión de las empresas multinacionales, las cuales, obviamente, repercuten en la falta de recursos estatales locales. Este reciente informe publica nuevos datos que proporcionan información agregada sobre las actividades fiscales y económicas globales de casi 4.000 grupos de empresas multinacionales con sede en 26 jurisdicciones y que operan en más de 100 jurisdicciones en todo el mundo.
Lo interesante del informe es que la propia OCDE expone las atrocidades del sistema impositivo internacional. Informa que existe una desalineación entre el lugar donde se reportan las ganancias y el lugar donde se realiza la actividad económica, siendo que las empresas multinacionales informan una participación relativamente alta de las ganancias en determinados “centros de inversión” —una forma sutil de nominar a las guaridas fiscales— que no presentan relación con la participación de los empleados y activos tangibles.
Los “centros de inversión” son definidos por la OCDE como jurisdicciones con una posición de inversión extranjera directa (IED) total por encima del 150% del PIB e incluyen a Bahamas, Barbados, Bermudas, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Chipre, Gibraltar, Guernsey, Hong Kong, China, Hungría, Irlanda, Isla de Man, Jersey, Liberia, Luxemburgo, Malta, Islas Marshall, Mauricio, Mozambique, Países Bajos, Singapur y Suiza. Sostiene que los centros de inversión son diversos y consisten en jurisdicciones de nula tributación junto con otras jurisdicciones con tasas de impuestos positivas.
Asimismo, la OCDE expone que, teniendo en cuenta las ganancias de las empresas multinacionales por empleado, tienden a ser más altas en los países que presentan tasas nulas de impuestos a las ganancias corporativas y en los llamados “centros de inversión”. A su vez, en promedio, la participación de las ganancias de entidades vinculadas sobre los ingresos totales es mayor en los “centros de inversión”. Además, en los “centros de inversión” la actividad económica que predomina, declarada por parte de las entidades que allí se radican, es “tenencia accionaria y otras participaciones de capital”, es decir, son en su mayoría compañías holdings, lo que permite inferir la utilización de estructuras de planificación fiscal abusiva.
Según Tax Justice Network, el Reino Unido, Suiza, Luxemburgo y Holanda son el eje de la elusión fiscal global, y su última investigación demuestra que en conjunto estos cuatro países son responsables del 72% de las pérdidas impositivas del mundo por desvío de ganancias de empresas multinacionales.
Coronavirus expuso los graves costos de la opacidad que impera en el sistema tributario y financiero internacional vigente. Las recomendaciones de regulación global que promueven los organismos internacionales, como la OCDE, son insuficientes y están adaptadas a los intereses de los países centrales.
La desregulación de los sistemas financieros y tributarios internacionales ha erosionado la eficacia de los instrumentos de regulación nacional. Las empresas y la riqueza de las personas de alto patrimonio se conforman con carácter multinacional, de modo de maximizar las ventajas competitivas y optimizar los costos fiscales, mientras que la capacidad regulatoria de los Estados queda restringida por las fronteras nacionales.
El sistema internacional vigente, enmarcado en la liberalización financiera y la desregulación de los flujos de capital, fue moldeado por los países centrales únicamente en beneficio de sus propios intereses económicos y políticos, y no hace más que profundizar los problemas de escasez de divisas y el desequilibrio externo de los países periféricos, perpetuando su dependencia externa.
La OCDE actualmente funciona como el ámbito de regulación del sistema impositivo internacional, sin embargo, no es el órgano más adecuado puesto que representa los intereses de sus países miembros, que son principalmente los países centrales. Cuesta creer que los beneficiarios de las medidas que vayan a ser adoptadas en el ámbito de la OCDE sean los países periféricos, que son los primordiales perjudicados por la opacidad financiera y tributaria. Por su parte, la ONU representa un espacio mucho más representativo de la voluntad de las diversas naciones del mundo, ya que sus Estados miembros son los 193 países del mundo reconocidos internacionalmente como soberanos, y cada miembro posee un voto.
Resulta necesario desarrollar una agenda alternativa de propuestas de regulación abordada desde la perspectiva de los países periféricos. Asimismo, es fundamental fortalecer el sistema tributario nacional, reforzando la legislación tributaria doméstica en pos de combatir las prácticas de evasión y elusión fiscal internacional.
Ahora es el momento ideal para dar paso a una reforma progresiva del sistema tributario nacional priorizando las necesidades de los sectores vulnerabilizados por sobre los intereses de las grandes corporaciones que operan en Argentina y las familias más ricas del país.
He mencionado
este tema más de una vez en mi blog, por la trascendencia que tiene para América
Latina ya que es más evidente que nunca la imposibilidad de que nos
desarrollemos y demos a nuestras sociedades la vida digna que merecen sin tener
envergadura continental.
Si los países
latinoamericanos no nos integramos en un espacio de poder conjunto, no tenemos
chance de definir condiciones y estrategias que nos beneficien frente a los
centros de poder que, además se mueven con los parámetros de un capitalismo
neoliberal depredador del ambiente y de los recursos humanos de nuestros
países.
Por eso, me
interesó esta nota que recupera un eje permanente de la doctrina de Perón: la
unidad latinoamericana. Es llamativo que, a más de sesenta años de su
enunciado, este discurso de Perón tenga tanta vigencia, y también que varios
países de América Latina estén avanzando en sentido contrario, fomentando y
acordando Tratados de Libre Comercio (TLCs) en condiciones de asimetría que
solo nos traerán pobreza y destrucción de nuestros recursos materiales y
humanos. Es más, el Presidente brasileño ha manifestado su rechazo y desinterés
por el Mercosur, por ejemplo.
No será fácil
actualizar las condiciones que posibilitaron la propuesta del ABC (Argentina,
Brasil y Chile) porque los otros dos países tienen gobiernos neo liberales que
buscan complacer a los países centrales, además Chile desde la dictadura de
Pinochet y la conducción de los Chicago Boys abrió totalmente su economía y
celebró muchos TLCs totalmente incompatibles con un desarrollo industrial
propio.
Sin embargo, no
hay alternativa: la integración de AL es la única posibilidad de salir de las
crisis sociales y políticas que han surgido con gran fuerza y que, en el marco
de la pandemia mundial, amenazan con estallidos sociales de imprevisibles
dimensiones y consecuencias.
Es cierto que no
se ven los líderes –por lo menos en Brasil y Chile- que promuevan políticas en
la dirección que mencionamos, pero hay dirigentes que las valoran, y, sobre
todo, una enorme ebullición social contra un modelo político y económico que
nos ha llenado de pobres.
Nuestra
comprensión –hablo de la sociedad activa, sobre todo los más jóvenes, o las
mujeres, o todos los sectores que tienen una visión progresista- es clave para
que empecemos a caminar en el rumbo que nos permita ponernos de pie y ser
países más justos e igualitarios.
Por eso, leamos, comprendamos, hablemos con otros, desarrollemos propuestas y tratemos de organizarnos alrededor de un modelo político superior al que nos propone el capitalismo neo liberal con mentiras que son espejitos de colores y que nos destruyen como sociedad.
Mi interés con
esta nota es alentar una reflexión estratégica en materia internacional,
reflexión que ha estado postergada por tantas urgencias, padecimientos, recelos
y perplejidades internas.
Me sirvo para
hacerlo del discurso que pronunciara el presidente Juan Domingo Perón en la
Escuela Superior de Guerra del 11 de noviembre de 1953, discurso reservado que
solo fue hecho público en 1967 y que expone su ideario para la Argentina,
Brasil y Chile (ABC).
Es su diagnóstico
de aquellos años que “el problema fundamental del futuro es un problema de base
y fundamento económicos, y la lucha de futuro será cada vez más económica…En
consecuencia, analizando nuestros problemas, podríamos decir que el futuro del
mundo, el futuro de los pueblos y el futuro de las naciones estará
extraordinariamente influido por la magnitud de las reservas que posean:
reservas de alimentos y reservas de materias primas.”
Observa además
que: “es indudable que nuestro continente, en especial Sudamérica, es la zona
del mundo donde todavía, en razón de su falta de población y de su falta de
explotación extractiva, está la mayor reserva de materia prima y alimentos del
mundo. Esto nos indicaría que el porvenir es nuestro y que en la futura lucha
nosotros marchamos con una extraordinaria ventaja frente a las demás zonas del
mundo”. Destaca que “si subsistiesen los pequeños y débiles países”
fragmentados serían objeto fácil para ser explotados, por lo que es
indispensable evitar la dominación. Por ello, subraya que eso “ha inducido a
nuestro gobierno a encarar de frente la posibilidad de una unión real y efectiva
de nuestros países, para encarar una vida en común y para planear, también, una
defensa futura en común.” Su idea de unidad no es el resultado de una cuestión
“abstracta e idealista”: es el producto de intereses específicos, de
convergencias razonables con los vecinos y de una mirada de largo aliento.
En esa dirección,
Perón afirma que “ponemos toda nuestra voluntad real, efectiva, leal y sincera
para que esta unión pueda realizarse en el continente”. Y no se trataba solo de
influir a los gobiernos, sino también—y singularmente—“a los pueblos…que son
los permanentes, porque los hombres pasan y los gobiernos se suceden, pero los
pueblos quedan.”
Razona que países
como la Argentina “no pueden tener en el orden de la política internacional
objetivos muy activos ni muy grandes; pero tienen que tener algún objetivo.” Y
en ese sentido, asevera: “la República Argentina sola, no tiene unidad
económica; Brasil solo, no tiene tampoco unidad económica; Chile solo, tampoco
tiene unidad económica; pero estos tres países unidos conforman” una formidable
unidad económica. Por lo tanto, “toda la política argentina en el orden
internacional ha estado orientada hacia la necesidad de esa unión, para que,
cuando llegue el momento en que seamos juzgados por nuestros hombres frente a
los peligros que esta disociación producirá en el futuro, por lo menos tengamos
el justificativo de nuestra propia impotencia para realizarla.”
De esta alocución
hay varios puntos que merecen ser destacados. Primero, es un diagnóstico
realista de una época. Segundo, denota una comprensión de los fundamentos
materiales para eludir la plena dependencia y procurar grados de relativa
autonomía internacional. Tercero, manifiesta la vocación de unidad—sin
hegemonía–que se resume tanto en la idea como en una práctica unificadora.
Cuarto, expresa un sentir promisorio respecto a América del Sur, no exento de
una templada auto-estima nacional. Quinto, supone el reconocimiento de que
junto a la diplomacia interestatal es esencial alentar y reivindicar la diplomacia
entre los pueblos. Sexto, valora la cercanía geográfica, la consolidación de
una iniciativa tripartita y su proyección paulatina en el ámbito sudamericano.
Y séptimo, expone la convicción de que un objetivo vital de la política
exterior debe someterse a la evaluación concreta.
El mundo actual
tiene sin duda notables diferencias con aquel que miraba Perón hace 67 años.
Sin embargo, hay también continuidades. Hoy es indispensable para el desarrollo
nacional la ciencia y la tecnología—sin desdeñar los recursos alimentarios y
naturales–, al tiempo que la pugnacidad entre grandes potencias persiste,
aunque sea entre actores diferentes a los de la Guerra Fría. Es evidente que la
conjunción de fragmentación diplomática, inestabilidad política, fragilidad social
y debilidad económica ha llevado a América Latina a ser menos gravitante y más
vulnerable; lo cual ha derivado en una mayor dependencia de distintos centros
de poder. Sin embargo, también es importante entender mejor las dinámicas
socio-políticas del área en las que las aspiraciones progresistas de reforma
para la inclusión, la justicia, la sustentabilidad y la autonomía siguen
vigentes. La Argentina de entonces–una potencia regional muy relevante–no se
asemeja a la de hoy que ha venido padeciendo un declive indisimulable que
erosiona su capacidad de proyectar poder, influencia y prestigio. El espíritu
asociativo que de tiempo en tiempo ha surgido en América del Sur con el empuje
de diversos países según determinadas coyunturas, está muy desdibujado en la
actualidad.
En ese contexto,
¿tiene sentido reflexionar hoy sobre el ABC? Las distancias evidentes en las
creencias políticas y entre los liderazgos presidenciales en los gobiernos de
Buenos Aires, Brasilia y Santiago y las trayectorias históricas entre los tres
países ¿impiden re-conceptualizar la idea y su práctica? ¿Es posible recuperar
en la actualidad aquel espíritu de unidad económica entre las tres naciones y
agregar algún propósito político común entre ellas? ¿Cuál de los tres países
puede retomar un intercambio tripartito que permita el florecimiento de un
nuevo ABC?
A riesgo de ser
controversial sugiero: a) el ABC puede regenerarse si se superan obstáculos
dogmáticos, más que ideológicos, en los tres países; b) el ABC sigue teniendo
un sentido económico formidable si las naciones quieren evitar la aquiescencia
a los más poderosos en el escenario pos-pandemia; c) el ABC puede ser un ancla
de estabilidad en una Sudamérica que vivirá un gran torbellino socio-político
una vez se logre superar la covid-19; d) el nuevo ABC necesita de sustentación
en los tres pueblos; y e) el renovado ABC puede ser promovido por Argentina
como parte de una decisión consensual y plural que involucre al gobierno así
como a distintos actores políticos, sociales, económicos, científicos,
intelectuales e incluso militares.
El ABC de Perón
fue en realidad el segundo; el primer ABC fue el de la mediación de la
Argentina, Brasil y Chile de 1914 procurando evitar un conflicto entre México y
Estados Unidos que, a su turno, facilitó la firma en 1915 de un pacto de no
agresión y cooperación exterior entre los tres países. Quizás sea tiempo de
concebir un tercer ABC en circunstancias muy diferentes y difíciles a las de
los dos anteriores.
Fue en aquel
discurso del 1953 que Perón aseveró: “el año 2000 nos va a sorprender o unidos
o dominados”. De no actuar con audacia este primer cuarto del siglo XXI nos
puede sorprender con otro dilema como naciones: inviables o realizables.
Juan Gabriel
Tokatlian es vicerrector de la Universidad Di Tella.
El día en que el
Frente de Todos ganó las elecciones y Macri salió a hablar con un discurso
conciliador y amplio, tan contrario a su práctica, tuve la clara visión de que
empezaba la campaña para recuperar el poder, sin reflexión ni mea culpa.
En realidad,
habían comenzado con esta estrategia cuando las PASO les hicieron comprender
que iban a perder el poder, solo han ido adaptándola a las circunstancias,
fundamentalmente atentos a cualquier suceso que les permita desgastar al
Gobierno.
Es evidente que
es una guerra sin cuartel, sin mayor respeto de las normas éticas, ni de la
democracia, ni de los valores republicanos que han enarbolado como bandera para
atacar a un Gobierno democrático que está tratando de poner un país devastado por
ese mismo macrismo.
Por esa
convicción que tengo, comparto esta dura nota de Atilio Borón que trata que
comprendamos en qué encrucijada nos encontramos los/las argentinos/as.
Tal vez no
comparta todo lo que pone Borón, pero me interesa que se destaque lo que dice
el título: es una batalla decisiva en la que nos jugamos el modelo de país por
el que votamos el año pasado.
Somos más, el
macrismo residual se ha corrido más hacia la derecha, y es un núcleo duro que
daría la vida porque el peronismo desapareciera para siempre. Como dijo Byung
Chul Han: el éxito de la derecha es que la gente se haya identificado con sus
valores y los defienda como propios… (cito de memoria). Afortunadamente
Argentina supo elegir una opción que tiene que ver con el pensamiento del Peronismo
y de los populismos latinoamericanos.
HAGAMOS TODO LO
QUE ESTÉ A NUESTRO ALCANCE PARA DEFENDER LO QUE ELEGIMOS: UN PAÍS MÁS JUSTO
PARA LA MAYORÍA DE LOS/LAS HABITANTES DE ARGENTINA.
La cuarentena y
el caso Vicentin han exacerbado las ansias revanchistas y desestabilizadoras de
la derecha que recurriendo a sus formidables oligopolios mediáticos -inagotables
usinas de desinformación y manipulación de cerebros y corazones- y a su
infantería de combate partidario trata de maniatar al gobierno, provocar su
parálisis y, ¿por qué no?, su dimisión. Sería una ingenuidad pensar que una
ofensiva tan furiosa y tan bien concertada pueda tener otra cosa que no fuese
un objetivo de máxima. Suena un tanto exagerado pero la historia argentina
enseña que los grupos dominantes rara vez movilizan sus recursos y destinan
tanto tiempo y energía si no es por el premio mayor. Aquí lo que está en juego
no es una concejalía o una subsecretaría sino lisa y llanamente el pronto
retorno a la Casa Rosada.
El presidente
Alberto Fernández ha sido blanco de un encarnizado ataque, en donde se mezclan
insultos personales, descalificaciones y burlas, siguiendo meticulosamente los
consejos que Eugene Sharp formulara en el manual de golpes de Estado que
redactara para la CIA. [1] Partamos de la base que si alguien abre el buscador
de Google con esta frase: “Alberto Fernández dictador” encontrará más de cuatro
millones de resultados. Basta con recorrer las primeras páginas para comprobar
la gravedad y extensión de tan maligna caracterización. Para el megaempresario
Martín Varsavsky “Alberto tiene «un pequeño dictador escondido», y lo mismo
opinan el diputado nacional del radicalismo Alejandro Cacace, el abogado Carlos
Maslaton, Elisa Carrió y las lumbreras que acuñaron el término “infectadura”,
amén de tantos otras y otros para los cuales el dictador no está oculto, sino
que se exhibe con toda su prepotencia a plena luz del día. Para combatir a un
dictador Sharp aconseja, aparte de muchas otras medidas, “practicar la
desobediencia civil, acosar a funcionarios, burlarse de ellos, difundir sátiras
que ridiculicen al gobernante, despliegue de banderas y colores simbólicos,
gestos groseros, no-cooperación administrativa, etcétera.” Es decir, las
medidas e iniciativas que proponen los ideólogos de la “infectadura” y están
llevando a cabo los líderes de la “oposición democrática” en las últimas
semanas.
Al día de hoy el
presidente se encuentra objetivamente a la defensiva: el “periodismo de guerra”
ejercido por órganos que son cualquier cosa menos periodísticos trabaja a
destajo para desacreditarlo y deslegitimarlo ante los ojos de la población. El
objetivo: erosionar por completo su autoridad y preparar la siniestra figura
del “vacío de poder”, tantas veces utilizada en la historia de Latinoamérica
para justificar golpes de Estado. Mientras, la pandemia prosigue su curso y la
prolongada cuarentena es cada vez más difícil de sostener. Para las clases y
capas populares quedarse en casa no es una opción realista o eficaz, sea por el
hacinamiento de sus viviendas y barrios y por la naturaleza de sus medios de
vida que las obligan a salir a diario a la calle a conseguir unos pesos.
Algunos sectores de las capas medias pueden adaptarse a los rigores de la
cuarentena, pero un prolongado encierro en un pequeño departamento para un
grupo familiar de cuatro o cinco personas puede tener consecuencias
psicológicas y médicas muy graves, aparte de las económicas. En resumen: una
situación que puede, pasado tanto tiempo, desquiciar a una sociedad por más
integrada que ésta sea.
Para paliar estos
efectos se requiere de un Estado potente, dotado de los recursos necesarios
para enfrentar en simultáneo un triple desafío: combatir la pandemia en los
hospitales, asegurar la efectividad de la cuarentena y hacer llegar a millones
de hogares el dinero o los bienes (alimentación, medicamentos, etcétera)
necesarios para sobrevivir bajo estas durísimas condiciones. Dinero para quienes
están en la informalidad; para los precarizados, o para los que conservaron sus
empleos, pero se encuentran suspendidos y sólo reciben parte de su salario;
dinero para sostener el consumo de los desocupados y también para las miles de
pymes que se encuentran al borde de la bancarrota si es que no cayeron en ella.
Y el problema es que las arcas del Estado están exhaustas por el enorme
esfuerzo ya hecho en estos meses, agravado por la caída a pique de la
recaudación fiscal y por las gravosas secuelas de “la otra pandemia”, la
producida por los cuatro años del desastroso gobierno de Cambiemos.
Derrotada la
pandemia, aún quedará en pie tener que lidiar con una crisis económica que todo
indica no será de fácil o pronta resolución. En Estados Unidos se extenderá
hasta finales del 2021, según lo declarara Jerome Powell, el Chairman del
Federal Reserve Board. Pensar en una inmediata recuperación del nivel de
actividad económica en la Argentina es una expresión de deseos más que el
resultado de un sobrio análisis de la realidad. Téngase en cuenta que en
nuestro país la pandemia difícilmente será controlada antes de septiembre, y
ojalá que no más tarde. Luego, muy lentamente se podrá salir a circular por las
calles para comenzar a normalizar la vida económica y las actividades
escolares, culturales y recreativas.
La gente querrá trabajar,
pero cerca de un tercio de las pymes, las grandes dadoras de empleo en la
Argentina, habrá cerrado sus puertas, muchas de ellas de forma definitiva.
Poner en marcha los motores de la economía requerirá, tanto en Estados Unidos
como en la Argentina, una enorme inyección financiera por parte del Estado. Así
lo expresó Powell para su país, y no será diferente sino aún más necesario en
la Argentina. Sin esta ayuda buena parte de esas pymes habrán desaparecido para
siempre. Otras sobrevivirán, pero a condición de que cuenten con una generosa
ayuda del gobierno. Y el problema es que no habrá mucho incentivo para producir
y contratar trabajadores porque la gente sólo tendrá dinero para adquirir lo
más esencial. O sea, una crisis que de modo simultáneo incide por el lado de la
oferta y de la demanda.
Por lo tanto,
habrá que contar con extraordinarios recursos financieros para subsidiar a la
oferta, a fin de que las empresas reinicien sus actividades; e incentivar la
demanda, para que la gente tenga dinero y pueda comprar lo que necesite. Esta
fue la exitosa receta de John M. Keynes para combatir a la Gran Depresión de
los años treintas. Lo anterior requiere un enorme crecimiento del presupuesto
del sector público. ¿Qué hacer? El endeudamiento externo no es opción porque
esa fuente está cegada desde finales del gobierno de Mauricio Macri. La emisión
incontrolada desataría una peligrosa espiral inflacionaria que en la Argentina
acabó con varios gobiernos. Las empresas públicas, pocas, no generan ganancias
como para sostener este renovado nivel de gasto público. Entonces, ¿no hay
dinero? Sí lo hay, porque en la Argentina como en toda Latinoamérica el
problema no es la pobreza sino la riqueza, concentrada en muy pocas manos y
fuente inagotable de cuantas dictaduras asolaron a la región. Por eso habrá que
hacer que el Congreso apruebe, con la mayor urgencia, una reforma tributaria
integral en línea con la que existe en los países europeos o en Corea del Sur
donde, por ejemplo, los intereses devengados por los plazos fijos pagan un
impuesto que varía según el monto de la rentabilidad entre el 14 y el 25 por
ciento mientras que en la Argentina no pagan ni un centavo. Aquí, el impuesto a
las Ganancias … ¡lo pagan los asalariados! Por consiguiente, hay mucha tela
para cortar en materia impositiva haciendo que las grandes fortunas paguen
impuestos como lo harían en otros países, cosa que le aporten al Estado los
recursos necesarios para enfrentar un desafío de inéditas proporciones. Si los
opositores en el Congreso obstaculizan este plan, habrá que extremar los
recursos para persuadirlos de que deben acompañar esta iniciativa o hacerse
cargo de la catástrofe que se produciría en caso de persistir en su negativa. Obviamente,
lloverán las críticas sobre el gobierno nacional pero mucho peores podrían ser
las que caerían si, a causa de la impotencia estatal, los muertos se cuenten
por decenas de miles, la desocupación llegue a varios millones, las empresas
estén arruinadas y la gente no tenga dinero siquiera para comer.
La excepcional
gravedad de esta situación obligará al gobierno a hacer lo que este país debió
haber hecho hace muchos años. El gravamen extraordinario a la riqueza que, al
día de hoy, 23 de junio de 2020, no tiene “estado parlamentario” deberá ser
tratado por la Cámara de Diputados sin más dilaciones. Pero ese “aporte” apenas
si servirá para aliviar la situación por un par de meses, siempre y cuando se
lo apruebe en las próximas semanas. Porque la ayuda que llega a destiempo no es
ayuda. Por cierto, esto acrecentará la gritería de los poderes fácticos que no
ahorrarán denuncias y urdirán todo tipo de operaciones para desgastar a la
“dictadura” de Alberto Fernández. Habrá que hacer oídos sordos al alboroto
porque cualquier esfuerzo que se haga por aquietar los fervores del “sicariato
mediático” y las tropas de asalto de la derecha sólo servirá para que ambos
redoblen su ofensiva. La política del apaciguamiento tiene poquísimas chances
de éxito en política. La ensayaron los gobiernos del Reino Unido y Francia en
los Acuerdos de Münich de 1938 para atemperar el belicismo de Hitler y sólo
sirvieron para enfervorizar aún más su afán de conquista. Y ya sabemos cómo
terminó esa historia. Y regresando nuestro país recordemos lo que le ocurrió al
gobierno de Raúl Alfonsín, salvajemente atacado también por los mercados y las
grandes corporaciones. Tras la renuncia de Juan V. Sourrouille, el nuevo
Ministro de Economía Juan C. Pugliese trató de calmar los ánimos de las fieras
del mercado hablándoles desde el corazón y aquellos le respondieron con la
gélida frialdad del bolsillo. Pocos meses después Alfonsín tuvo que terminar
anticipadamente su mandato y entregar la banda presidencial a Carlos S. Menem.
En una hora tan
especial como ésta vale la pena recordar estos antecedentes históricos que
demuestran la futilidad de la política del apaciguamiento con quienes libran
una guerra contra la “dictadura” albertista. Pero también hay que buscar
inspiración en los escritos de uno de los más lúcidos analistas de la política
de todos los tiempos. Hablo de Nicolás Maquiavelo, por supuesto. En uno de los
pasajes más luminosos de El Príncipe decía que el gobernante “dispone, para
defenderse, de dos recursos: la ley y la fuerza. El primero es propio de
hombres, y el segundo corresponde esencialmente a los animales. Pero como a
menudo no basta el primero es preciso recurrir al segundo. Le es, por ende,
indispensable a un príncipe saber hacer buen uso de uno y de otro, ya
simultánea o bien sucesivamente.” En la Argentina el poder Ejecutivo no puede
crear impuestos porque tal iniciativa es prerrogativa de la Cámara de
Diputados. Y como ya dijimos, ésta no se ha visto particularmente motivada a
tomar cartas en el asunto. La parsimonia de una buena parte de sus miembros
exhala un inocultable tufillo destituyente. Ante el bloqueo con que tropieza el
funcionamiento basado en la ley el gobierno, necesitado de recursos para
enfrentar la pandemia y la crisis económica, tendrá que apelar a su único otro
recurso: la fuerza. Esto pese a que Alberto Fernández ha dado pruebas de ser el
presidente más propenso al diálogo desde la restauración democrática, pero lo
cierto es que para que el Estado pueda contar con los recursos que requiere
para librar aquellas dos grandes batallas necesita el consentimiento de una
oposición que ha dado sobradas muestras de preferir el enfrentamiento y la
diatriba a un acuerdo de gobernabilidad.
Como anotaba
Maquiavelo, el hecho de que un gobernante no pueda, o no lo dejen, gobernar con
las leyes no lo exime de su responsabilidad de garantizar el bienestar público
apelando a la fuerza cuando sea indispensable, algo a lo cual el presidente es
refractario. Pero por imperio de las circunstancias, “la fortuna”, como decía
el florentino, no tiene otras opciones. Esa fuerza propia de los animales
encuentra en Maquiavelo una ulterior diferenciación cuando distingue entre
zorros y leones. Muchos príncipes, decía, creen que la fuerza del león les
posibilitará cortar de un tajo el nudo gordiano que los paraliza. Pero se
equivocan si creen que basta con la fortaleza del león para remover los
obstáculos que lo atribulan porque resulta que aquél tiene la fuerza, pero
carece de la astucia del zorro para eludir las trampas que les tienden sus
inescrupulosos enemigos. Tampoco es útil adoptar indefinidamente la táctica
favorita del zorro, sagaz para rehuir el enfrentamiento con sus enemigos y
sortear todas las celadas, pero llegado el momento de la verdad necesita también
él contar con una dosis de fuerza que no tiene. Por consiguiente, el buen
gobernante debe saber “ser zorro, para conocer las trampas, y león, para
espantar a los lobos.” Arturo Frondizi hizo de las artes del zorro su único
recurso de gobierno, y fue derrocado por un golpe militar; Juan Carlos Onganía
apeló exclusivamente a la fuerza y fue volteado por una enorme insurrección
popular. Otro tanto le ocurrió a Leopoldo F. Galtieri. El buen gobernante, en
la imagen de la filosofía política clásica, debe ser como el centauro: mitad
caballo y mitad hombre. Tener la fuerza del primero, pero guiada por la
racionalidad del segundo; es decir, la fuerza del león y la astucia del zorro.
¿Cómo se traduce
éste consejo en la Argentina de hoy? Creo que del siguiente modo: el gobierno
tendrá que hacer valer los poderes concentrados en el Ejecutivo nacional de una
república (federal apenas en el nombre) y lograr que los gobernadores de las
provincias convenzan a sus diputados de aprobar con la mayor urgencia el
proyecto del “aporte” aplicado a las 12.000 fortunas más grandes de la
Argentina. No sólo eso: también de que deberán abocarse, sin más dilaciones,
para consensuar una reforma tributaria que resuelva permanentemente y no sólo
“por única vez” el tema ya señalado por Juan B. Alberdi hace casi dos siglos:
la construcción de sólidas bases financieras para un Estado nacional agobiado
con responsabilidades crecientes y que, en un futuro inmediato, serán cada vez
más gravosas. Para esto el presidente deberá utilizar una cambiante amalgama de
persuasión y coerción, tal como lo han hecho todos los gobiernos del mundo en
situaciones parecidas. Recordar que Abraham Lincoln logró los votos que
necesitaba para alcanzar los dos tercios necesarios en el Congreso para abolir
la esclavitud no precisamente respetando los buenos modales, la “corrección
política” o la ética kantiana. Apeló a la fuerza, pero combinada con la astucia
y el conocimiento que tenía de su gente para lograr el objetivo supremo de su
gestión como presidente.
Tiempos
excepcionales como los que estamos viviendo requieren políticas que se apartan
de las normas convencionales. Esta es la visión de un analista político que
desea que el gobierno lleve a buen puerto la nave de la Argentina en medio de
una “tormenta perfecta” producto de la combinación de pandemia y crisis
económica y que es consciente que desde la presidencia la visión de estos
asuntos y el diagnóstico de los desafíos podrían ser diferentes. Pero quien
esto escribe sabe también que tiene la responsabilidad ética y política de dar
a conocer estas opiniones. Callarlas sería un acto de cobardía o de
imperdonable deslealtad. Es preferible dar la voz de alerta antes de una
posible tragedia y no tener después que lamentarse por su silencio cuando
tendría que haber hablado. No caben dudas de que el gobierno está librando una
guerra en dos frentes: contra el Covid-19 y contra una oposición destituyente
cuya finalidad es poner fin al gobierno del Frente de Todos para acabar con el
“populismo” de una vez para siempre. En esto no puede caber engaño alguno y
dado que la profunda vocación dialoguista del presidente tropieza con un muro
infranqueable llega entonces el turno del león. Y si éste no aparece a tiempo
la Argentina se enfrentaría a un escenario peor que el que padeciera en el
2001-2002. Un león que pueda poner en
fuga a la conspiración destituyente tendrá que apoyarse en “la calle”, como los
señalara Maquiavelo en varios de sus escritos. La movilización, organización y
concientización del campo popular será lo único que terminará empoderando al
gobierno para librar un combate decisivo contra el Covid-19 y la reacción de
una derecha retrógrada y corrupta que ha hecho de la defensa de una banda de
estafadores como el directorio de Vicentin su única propuesta de salida a la
crisis. No tiene más nada que ofrecer. Y sería fatal para este país que esa
gente regresara a la Casa Rosada.
El pueblo es por
ahora un coro silencioso, desmovilizado por la cuarentena. Pero llegado el
momento puede irrumpir como en sus más gloriosas jornadas y romper el cerco
creado en torno al gobierno e impulsarlo a avanzar por aquellas grandes
alamedas que evocara Salvador Allende para impulsar las reformas que exigen los
retos actuales. Sin esta potencia plebeya que se manifiesta en las calles el
gobierno podría sucumbir ante el peso descomunal del poder. Porque, a no
confundirse: una cosa es el gobierno y otra muy distinta el poder. Y éste sigue
estando en manos de los capitalistas con sus enormes riquezas, sus gigantescas
empresas, la protección incondicional de “la embajada”, sus grandes medios de
“confusión y manipulación de masas” y una justicia que fue complaciente con la
infamia mayúscula de una “mesa judicial” instalada en la Casa Rosada y las
operaciones de espionaje a opositores organizada por el muy “democrático y
republicano” gobierno de Mauricio Macri. Será una lucha decisiva: el gobierno
popular, que tiene los votos y gran parte de la opinión pública, pero que para
gobernar necesita tener la calle, contra el poder del establishment, que tiene
todo lo demás. No pasará mucho tiempo antes de que conozcamos el veredicto de
este enfrentamiento, crucial para el futuro de la Argentina.
[1] De la Dictadura a la Democracia (Boston: 1993), pp. 83 y ss.
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